Familiares de presos políticos y activistas incrementan la lista de prisioneros políticos en Cuba hasta los 1.113 en septiembre.
El régimen de Cuba se ha propuesto destruir la sociedad civil independiente cubana. A las redadas desde el 11J contra activistas de derechos humanos y políticos, artistas independientes, ciudadanos manifestantes o periodistas independientes, ahora se trata de acallar con el terror de la prisión a todos los familiares de dichas víctimas. Las detenciones en protestas pacíficas y el control digital del régimen cubano llevan a 13 nuevos prisioneros políticos este mes de septiembre. Por otra parte, 5 prisioneros políticos en Cuba han cumplido íntegramente este mes sus condenas.
Familiares de los prisioneros políticos en Cuba: hostigados, perseguidos y encarcelados
El acoso y hostigamiento del régimen cubano contra activistas, periodistas y familiares de prisioneros políticos en Cuba se ha convertido en una práctica común. Los familiares de los prisioneros políticos del 11J sufren continuas detenciones, hostigamientos, domicilios sitiados, citaciones policiales, multas y amenazas.
Este mes de septiembre hemos registrado 4 nuevos prisioneros políticos familiares de 4 jóvenes que se encuentran en prisión por manifestarse pacíficamente en La Habana, en Santiago de Cuba y en Camagüey.
Misleidys Rodríguez Más es la madre de Kendry Lastra Rodríguez, joven encarcelado con 18 años por participar en una protesta el 27 de septiembre del 2022 en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Misleidys fue detenida por participar en las manifestaciones del 31 de enero de 2022. A pesar de haber sido excarcelada, volvió a ser detenida el 17 de febrero de ese mismo año, cuando se la vio con un cartel en contra del gobernante Miguel Diaz Canel.
Aunque dicho proceso por desacato culminó con una multa de 3000 pesos cubanos (120 USD) y su liberación, desde ese momento ha sido constantemente acosada y detenida por parte de la seguridad del Estado.
Julio Cesar Duque de Estrada Ferrer es el padre del joven prisionero político Dairon Duque de Estrada Aguilera, detenido con 22 años por realizar una protesta el 1 mayo de 2020, Día Internacional de los Trabajadores, en Santiago de Cuba.
Julio Cesar fue violentamente detenido el 5 de septiembre de 2024 en la vía pública, sin mediar justificación legal ajustada a derecho, más que estar presuntamente grabando un video con su teléfono celular para de forma posterior publicarlo en sus redes sociales, hecho que no se enmarca en ningún tipo delictivo.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Micro 9 de Santiago de Cuba y le han hecho saber que será imputado de un delito de ‘Atentado’.
Ana Ibis Tristá Padilla es la esposa del prisionero político Damián de Jesús Hechavarría Labrada , encarcelado por participar en una protesta pacífica en Las Tunas, el 21 de abril de 2021, donde denunciaba la aplicación de una multa arbitraria de 8.000 pesos cubanos (315 USD). Ana Ibis fue detenida el 7 de noviembre de 2023 en la provincia de Camagüey y mantenida en instrucción durante 28 días tras los que fue trasladada a la Prisión Provincial de mujeres de Leguita, en Las Tunas, acusada de dos delitos: “Propaganda contra el orden constitucional”, y “otros actos contra la seguridad del Estado”.
Allí permaneció alrededor de 10 meses, hasta que le ofrecieron el pago de una fianza a cambio de su libertad. La fianza era de 20.000 pesos cubanos (800 USD). Cuando accedió a pagarla, y salió en libertad, se le entregó su petición fiscal, en la cual le piden 15 años de privación de libertad.
Ahora, está a la espera de que le informen de la nueva fecha de su juicio. Desde su permanencia en prisión las autoridades carcelarias le negaron la posibilidad de cambiar de medida a otro régimen.
Otros de los prisioneros políticos registrados en septiembre es Lester Fernández Elizástigui , de 21 años, es hermano menor del preso político Luis Robles Elizástigui . Lester fue detenido el pasado 20 de julio cuando estaba celebrando su fiesta de cumpleaños y un agente de la autoridad le ordenó que quitara la música. En abuso de su poder, y sin previa provocación por parte del preso político, el policía le propinó un golpe y se lo llevaron encarcelado. Fue trasladado a la Unidad Policial de La Picota, donde permaneció hasta el pasado 7 de agosto, cuando lo trasladaron a la Prisión de Valle Grande en La Habana. Está siendo acusado de un delito de ‘atentado’.
En este centro penitenciario espera la petición fiscal y el resto de información relativa a su detención.
En septiembre ha entrado también en la lista de prisioneros políticos el activista Mirdael Matos Gainza, Mirdael fue detenido el pasado 13 de septiembre sin motivo alguno, su esposa declara creer que la policía está tratando de incriminarle en un delito que no cometió. Tras su detención fue llevado a la unidad policial conocida como “La Máquina” y poco después fue trasladado a la prisión Combinado de Guantánamo.
El prisionero político se ha manifestado en diversas ocasiones contra las arbitrariedades de las autoridades, que le han culpado de todos los carteles antigubernamentales que aparecen en su zona. El prisionero político afirma que las autoridades del régimen le han amenazado con impedir que sus hijas estudien, si el padre no deja su activismo en la UNPACU. Se encuentra en una celda de aislamiento, sin acceso a agua, y sin recibir atención médica.
Mirdael Matos lleva 16 días en huelga de hambre en la prisión de Guantánamo a modo de protesta por la arbitraria acusación.
Activistas presos en Villa Clara por publicar en redes sociales
Los activistas Alexander Mario Fábregas Milanés y Alexei Martínez Rojas, prisioneros políticos de conciencia, están encarcelados en Villa Clara, Cuba (en la Prisión La Pendiente y el Centro de Detención de Instrucción Provincial en Santa Clara, respectivamente) por ejercer su derecho a la libertad de expresión manifestando sus opiniones en sus espacios digitales.
Alexander Mario Fábregas Milanés, de nuevo en la lista de los prisioneros políticos en Cuba, enfrenta un cargo de “propaganda contra el orden constitucional” por publicaciones críticas al régimen cubano en las redes sociales. El preso político, quien ya había cumplido íntegra una condena de 9 meses de privación de libertad por realizar una transmisión en vivo a través de Facebook en medio de las manifestaciones del 11 de julio en Sancti Spíritus, fue nuevamente detenido en la calle, en Santa Clara, el pasado 27 de julio de 2024. Está cumpliendo condena en condiciones deplorables. El penal está en malas condiciones, niegan la provisión de medicinas para los reclusos, y la alimentación que les suministran es paupérrima.
El activista Alexei Martínez Rojas fue detenido el 17 de septiembre de 2024, después de haber realizado una transmisión en Facebook en la que denunciaba las prácticas corruptas de un agente de la policía de Camajuaní. A las pocas horas fue citado y detenido, y pasados tres días fue trasladado preso a la Unidad de instrucción provincial en Santa Clara. Declarándose en huelga de hambre por el atropello, el estado de salud de Alexei Martínez Rojas es crítico después de 25 días en la prisión de Villa Clara (de los que ya lleva 8 días con suero), exigiendo su liberación inmediata. La última vez que se le pesó tenía tan sólo 47 kilos de peso, y se teme por su vida.
Arony Yanko García Valdés ha sido también condenado por manifestar su opinión en redes sociales y sentenciando por el Tribunal Municipal de Santa Clara a un año y medio de prisión, imputándole un delito de Desacato agravado. Fue citado verbalmente el 3 de abril de 2024 para presentarse ese mismo día en la Tercera Unidad de Policía de Santa Clara. De allí fue trasladado detenido a otra unidad en un vehículo particular, y se le imputó verbalmente la comisión de un supuesto delito de Desacato alegando a una publicación que, según los agentes, había sido publicada desde su perfil de redes sociales. Su esposa, Yunisley Suárez Rodríguez, denuncia represión, asedio y amenazas por parte de agentes de la autoridad del Estado.
7 años de cárcel para los activistas Daniel Moreno de la Peña y Yosvani García Rusindo
Tras 20 meses encarcelados el régimen ha entregado una petición fiscal de 7 años de cárcel a los prisioneros políticos cubanos Daniel Moreno de la Peña y Yosvani García Rusindo.
Desde su detención el 10 de enero de 2023 Daniel Moreno de la Peña sufrió prisión provisional sin tutela judicial, inicialmente en la Unidad de la Seguridad del Estado de Versalles en Santiago de Cuba, por un mes, y posteriormente 70 días en la Unidad de Investigaciones de Villa Marista en la Habana, a más de 800 km de su familia y con el propósito de privarlo de sus visitas, por participar en las manifestaciones del 11J, acusado por delitos contra la seguridad del estado. En su petición fiscal, que hemos analizado en detalle, sin embargo, no se encuentra acto alguno de esa naturaleza, sino una condena permanente a su libertad de opinión como opositor, y a su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, tal y como reflejó la Agencia EFE sobre este documento al que le dimos acceso.
Daniel Moreno de la Peña es uno de los 356 prisioneros políticos con patologías diagnosticadas: padece bronquitis, diabetes, escabiosis, infección por estafilococo y depresión, y ha pasado de tener 72 kilos de peso a 39 kilos desde que entró en prisión. Fue trasladado a la Prisión Boniato de Santiago de Cuba donde fue brutalmente agredido el pasado 14 de marzo por varios guardias de la prisión. Un mes después, las marcas de las agresiones seguían siguen siendo visibles. Daniel es víctima de todo tipo de torturas, físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. La madre de su esposa ha sido amenazada y detenida, su hermana ha sido expulsada de su centro de trabajo y su hija ha sido expulsada de la Universidad, además de ser amenazada y torturada por un agente que se hace llamar ‘Mario’. Tras llevar preso desde el 1 de enero de 2023, sin tutela judicial, y aún no se ha celebrado siquiera una vista ante juez alguno sobre su caso. El juicio de Daniel, acabamos de saberlo, empezará el día 25 del presente mes de octubre. Por su parte, el pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Daniel, quien atraviesa “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
El preso político Yosvani García Rusindo, fue también detenido el 10 de enero de 2023, acusado por tener presuntas relaciones con un grupo del exilio llamado “X Cuba”, dedicado al activismo por los derechos humanos, y por un video en el que pide a los cubanos luchar por la libertad del país. Fue trasladado al centro de detención Versalles de Santiago de Cuba, donde permaneció casi un mes. Después lo trasladaron a la Unidad de la Seguridad del Estado de Villa Marista, en La Habana, donde los agentes del Estado le interrogaron en multitud de ocasiones. Posteriormente, fue llevado a la prisión Combinado del Este, y por último a la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, donde extingue sanción en la actualidad. Tras haber pasado más de 20 meses encarcelado sin petición fiscal, la fiscalía ha solicitado para Yosvani una condena de 7 años de privación de libertad bajo un delito de “otros actos contra la Seguridad del Estado”.
Nueva ley en Cuba para recrudecer la censura digital
Hasta ahora, con la aplicación del Decreto Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”, en vigor desde el 4 de julio de 2019, miles de ciudadanos han sido sometidos a interrogatorios, amenazas y decomisos de celulares y material de trabajo.
El artículo 68 i) del Decreto Ley 370 establece como sancionable, por contravenir la Ley, “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, en una grave vulneración de la libertad de expresión. Prisoners Defenders ya denunció dicha situación en 2020 con 33 casos de la aplicación del Decreto Ley 370, entre los cuales se encontraba Maykel Castillo Pérez, co-autor y cantante de Patria y Vida, y ganador de dos Grammy Latinos.
Por difundir sus opiniones en redes sociales, miles como ellos desde entonces han sido víctimas de la imposición de multas de desde 3.000 pesos cubanos, cantidad que suponía entre 2019 y 2020 varios meses de salario medio mensual en la isla. El impago de estas multas suponía un delito sancionado con seis meses de prisión en el anterior Código Penal (Art. 170.1) y en la actualidad de hasta 1 año (Art. 213.1 del Código Penal actual).
Pero el régimen cubano ha agudizado aún más la censura con la Ley 162/2023 de Comunicación Social de Cuba, que entró en vigor el pasado 4 de octubre.
Esta Ley 162/2023 ataca de forma frontal la libertad de expresión, libertad de prensa y otros derechos fundamentales. El marco normativo centraliza el control de los medios y otros espacios de comunicación, delegando la supervisión y regulación de los procesos comunicativos al Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), bajo un enfoque que busca “fortalecer la unidad del pueblo” y defender la “ideología socialista”. La ley también abarca el ciberespacio, aplicando restricciones a las publicaciones en plataformas digitales, lo que afecta la libertad de expresión en internet. Además, al enmarcar la “comunicación política” y el “bien público” como objetivos del control estatal, legitima la censura de cualquier crítica o contenido que se considere contrario a los intereses gubernamentales.
Prisioneros políticos 11J: negación de tratamiento médico
En septiembre hemos verificado que 62 de los 1.113 prisioneros políticos registrados en nuestra lista padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados y 356 sufren distintas patologías médicas.
El prisionero político Juan Enrique Pérez, es uno de los 356 prisioneros políticos que padecen patologías médicas diagnosticadas antes de entrar a prisión. Fue condenado a 8 años de prisión por participar en las manifestaciones del 11J en Mayabeque. Inició una huelga de hambre el pasado 8 de octubre y, como forma desesperada de protesta al haberle sido incautados sus medicamentos en la prisión, medicamentos necesarios para su tratamiento de la presión arterial y el asma, se cosió la boca. El régimen lo ha aislado en una celda de castigo en la prisión Melena 2, en Melena del Sur (Mayabeque).
Dayron Martín Rodríguez, condenado a 22 años de prisión por grabar con su teléfono las manifestaciones del 11J en la Güinera, Arroyo Naranjo (La Habana), es uno de los 62 prisioneros de conciencia diagnosticados con trastornos psiquiátricos encarcelados en prisiones generales en Cuba. Padece esquizofrenia, depresión y úlcera estomacal, pero en prisión no recibe ni atención médica ni los 3 medicamentos que debe tomar. Siguen sin otorgarle la licencia extrapenal a pesar de su enfermedad mental certificada médicamente. El prisionero político informó a sus familiares a través de una carta que, si no le otorgan dicha licencia, se plantará en huelga de hambre porque “no tiene nada más que perder”. Su madre, Estelvina Rodríguez Verdecia, y su hermana, Coral Martín, temen por su vida y lo denuncian en este vídeo.
Las autoridades niegan los beneficios penitenciarios a los prisioneros políticos
La negación arbitraria y sistemática de beneficios penitenciarios con que el régimen cubano aplica las leyes que regulan éstos, supone una violación generalizada contra los derechos fundamentales de los prisioneros de conciencia en Cuba, incluidos los manifestantes del 11J. Esto ya fue documentado y denunciado por Prisoners Defenders en 2021, analizando todos y cada uno de los casos de la lista de prisioneros políticos en Cuba entonces, antes de las protestas del 11 de julio.
En la actualidad, el prisionero político Ángel Jesús Véliz Marcano, condenado a 6 años de prisión por participar en las manifestaciones del 11J, que cumple en la prisión Kilo 9 de Camagüey, inició una huelga de hambre el pasado 8 de octubre, durante 6 días, exigiendo a las autoridades que respeten su derecho a acceder al régimen de mínima severidad y a la libertad condicional. La madre de Ángel Jesús, Ailex Marcano,fue forzada a abandonar la Isla por el régimen cubano el pasado 24 de mayo.
Tortura en la prisión aguacate de Quivicán, Mayabeque
El preso político Joel Jardines Jardines ha recibido una licencia extrapenal por 3 meses. Joel, perseguido y encarcelado por el régimen cubano, padece cáncer de laringe desde 2020, enfermedad que empeoró drásticamente cuando recibió gas lacrimógeno y tóxico por parte de un guardia de la prisión. Ha sido sometido a condiciones severas de aislamiento, intimidación y agresiones físicas. Con gran dificultad para hablar, Joel Jardines detalla en este vídeo los actos de Tortura de los que ha sido víctima en prisión Aguacate de Quivicán (Mayabeque).
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de septiembre
Con cierre de datos a fecha 30 de septiembre de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.113 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de octubre de 2023 a 30 de septiembre de 2024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 142 nuevos presos políticos (un promedio de 12 prisioneros políticos en Cuba nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.188 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.743 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de septiembre pasado, en apenas 3 años y tres meses.
Han entrado este mes de septiembre en nuestra lista 13 nuevos prisioneros políticos. Y 5 prisioneros políticos ha salido de nuestra lista este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta.
De los 1.113 prisioneros políticos:
Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 29 chicos y 1 chica, en total 30 menores. 28 de ellos aún cumplen sentencia y 2 aún siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En su último informe a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista de prisioneros políticos en Cuba por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las propias Naciones Unidas.
15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
De nuestra lista actual, 220 manifestantes han sido acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 119 mujeres (incluyendo menores y dos de género trans), las que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
Entre los prisioneros políticos en Cuba hemos identificado 356 presos con patologías médicas graves y 62 presos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado, y hemos podido confirmar que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada.
848 Convictos de Conciencia, 228 condenados de conciencia y 37 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas personas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, si bien en su causal de origen está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per-sé, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.113 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
848 Convictos de Conciencia
228 Condenados de Conciencia
37 casos de Otros Presos Políticos
Desobediencia Penal Precriminal, presos sin delito: otros 11.000 prisioneros políticos
Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de septiembre de 2024, 1.113 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano.
Pero también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “precriminales”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa.
El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022, y que condenó a la mitad de ellos aun cumpliendo pena, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.
No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3., que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1., de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.
Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo, un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.
El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “Desobediencia Penal Precriminal” en la Cuba actual.
Cada año se ha condenado a prisión, desde hace décadas, a una media de 3.850 personas por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal.
El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal.
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